human rights watch | brutalidad policial en estados unidos (2023)

human rights watch | brutalidad policial en estados unidos (32)

Inmune a la Justicia
Brutalidad y responsabilidad policiales en Estados Unidos

(New York: Human Rights Watch, 1998)

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

La brutalidad policial es una de las violaciones de los derechos humanos más grave, perdurable y controversialde Estados Unidos. El problema existe a nivel nacional y está institucionalizado. Por estos motivos, el gobierno federalestadounidense (así como los gobiernos estatales y municipales, que tienen la obligación de respetar las normasinternacionales en materia de derechos humanos a las que está obligado Estados Unidos) merece rendir cuentas antelos organismos internacionales de derechos humanos y la opinión pública internacional.

En ciudades de todo Estados Unidos, los agentes de policía participan en tiroteos injustificados, palizas graves,ahogamientos fatales y tratamientos físicos innecesariamente duros; mientras que sus superiores, los funcionariosmunicipales y el Departamento de Justicia no actúan con decisión para contener o penalizar dichos actos o ni siquierapara tener constancia de la magnitud del problema. Habitualmente, los agentes violentos (que suelen ser un pequeñoporcentaje de los agentes de un cuerpo de policía) pueden ser objeto de denuncias reiteradas, pero sus compañeros yla mala calidad de las investigaciones policiales internas suelen protegerles. Una víctima que busca resarcimiento seenfrenta a barreras en cada etapa del proceso, obstáculos que van de la intimidación abierta a la reticencia de los fiscaleslocales y federales a asumir los casos de brutalidad policial. Los abusos graves perduran debido a que los considerablesobstáculos al establecimiento de la responsabilidad hacen muy posible que los agentes que cometen violaciones de losderechos humanos eludan el debido castigo y continúen su conducta abusiva.

Este informe está basado en investigaciones en 14 ciudades de EE UU durante un periodo de más de dos añosy medio. En lugar de concentrarnos en una ciudad y el problema de abusos de su departamento de policía, como hanhecho la mayoría de estudios sobre el abuso policial, hemos examinado las grandes ciudades representativas de lamayoría de las regiones del país para determinar los obstáculos comunes al establecimiento de la responsabilidad. Lasciudades estudiadas son: Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Indianápolis, Los Angeles, Mineápolis, Nueva Orleans,Nueva York, Filadelfia, Portland, Providence, San Francisco y Washington, D.C. Durante la investigación para esteinforme, Human Rights Watch entrevistó o mantuvo correspondencia con abogados de las víctimas de presuntos malostratos por parte de la policía, con representantes de las unidades de asuntos internos de los departamentos de policía,con agentes de policía, con personal de las agencias de revisión ciudadana, con funcionarios municipales, confuncionarios del Departamento de Justicia, con representantes de la fiscalía federal de EE UU, con representantes delas fiscalías locales, con expertos en abuso policial y con víctimas de abusos.

Human Rights Watch reconoce que los agentes de policía, al igual que todo ser humano, son falibles y que lassituaciones a las que se enfrentan suelen ser peligrosas y exigen decisiones rápidas. Pero, como se expone en esteinforme, el abuso policial constante tiene un coste monumental: decenas de millones de dólares en daños pagados porlos gobiernos municipales cada año como resultado de demandas civiles por parte de las víctimas de abusos;delincuencia policial y corrupción de los ideales de servicio público; desconfianza del público que, especialmente enlas comunidades con minorías raciales, crea un distanciamiento entre la policía y el público.

La raza sigue siendo un elemento importante de la brutalidad policial en Estados Unidos. De hecho, a pesardel terreno ganado en muchos aspectos desde el movimiento del derechos civiles de los 50 y 60, el tratamiento que lapolicía da a las minorías raciales ha sido un aspecto que se ha resistido tenazmente al cambio. En las ciudades que hemosexaminado, donde existen datos disponibles sobre este asunto, los miembros de grupos minoritarios han denunciadoviolaciones de los derechos humanos por parte de la policía con más frecuencia que los residentes blancos, unafrecuencia que no guarda ninguna proporción con su representación en la población de esas ciudades. La policía hasometido a las minorías a un trato aparentemente discriminatorio y ha abusado física y verbalmente de sus miembrospor medio de epítetos raciales. Cada nuevo incidente relacionado con los malos tratos de la policía a un afroamericano,a un hispanoamericano o a un miembro de otro grupo minoritario (especialmente los que reciben la atención de laprensa) refuerza la idea de que algunos residentes son víctimas de tratos especialmente duros y de la discriminaciónracial.

Si se eliminaran las barreras para el establecimiento de la responsabilidad que se describen en este informe,no cabe duda de que se reducirían considerablemente el número y la gravedad de los abusos cometidos por agentes depolicía. Sin embargo, los procedimientos administrativos y legales que deberían garantizar la responsabilidad estángravemente viciados y son sumamente resistentes al cambio. De hecho, muchos de los problemas que se exponen eneste informe han sido subrayados en estudios previos sobre las prácticas policiales: el informe de la Comisión Kerner,el informe de 1981 de la Comisión de Derechos Civiles de EE UU y otros estudios recientes sobre departamentos depolicía especialmente problemáticos. No obstante, la mayoría de los departamentos de policía examinados por HumanRights Watch siguen operando como siempre hasta que surgen los escándalos. Los que alegan que cada violacióndestacada de los derechos humanos es un hecho aislado cometido por un agente que actúa individualmente, no hanentendido que las violaciones de los derechos humanos persisten en gran parte por la grandes deficiencias de lossistemas de responsabilidad.

Las víctimas de la brutalidad policial cuentan con muchas opciones para informar del trato abusivo por partede los agentes pero con muy pocas posibilidades de que se castigue o enjuicie a esos agentes. Las agencias de revisióncivil suelen estar sobrecargadas y faltas de personal; es posible que la denuncia de este tipo de abusos ante uno de estosorganismos resulte finalmente en una investigación, pero es poco probable que el agente denunciado sea sancionadoadecuadamente. La presentación de una denuncia de abusos ante la unidad de asuntos internos de un departamento depolicía puede ser objeto de intimidación y el exceso de secreto en los departamentos de policía suele implicar que eldenunciante no sepa nunca si se han tomado medidas disciplinarias contra el agente acusado. Algunas víctimas tienenla opción de presentar una demanda civil, pero las posibilidades de éxito varían ampliamente en cada ciudad ynormalmente se responsabiliza económicamente al gobierno municipal en lugar de al agente denunciado. Además, lamayoría de las víctimas de abuso consideran correctamente que el procesamiento penal, tanto a nivel local como federal,es muy pocas veces una alternativa (excepto en los casos muy conocidos por el público). Como resultado de esto, elresentimiento y la frustración suelen exacerbar el trato abusivo original. Dado que el funcionamiento ineficaz de losprocedimientos de supervisión del abuso policial es un secreto a voces, muchas víctimas de abusos ni siquiera semolestan en presentar una denuncia. Esta serie de factores conduce a que los agentes violentos permanezcan en suspuestos.

Durante nuestro estudio de las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de policía y de losobstáculos para la investigación, el resarcimiento y el enjuiciamiento, descubrimos carencias comunes a todas lasciudades que examinamos. Estos problemas se agrupan en tres categorías fundamentales: la falta de responsabilidad ytransparencia públicas eficaces, la falta constante de investigación y sanción de los agentes que cometen violacionesde los derechos humanos, y los obstáculos a la justicia. Ofrecemos recomendaciones para los funcionarios de todos losniveles (departamental, municipal y federal) y hacemos hincapié en que, para asegurar el cambio real, se requiere lareforma a todos los niveles y en las tres áreas señaladas.

Responsabilidad y transparencia ante el público

Las reformas para frenar la conducta policial abusiva (o imponer al menos castigos a agentes abusivosconcretos) tienden a producirse cuando la prensa local o los casos destacados en los tribunales concentran la atencióndel público en el problema. El hecho de que esto se produzca con relativa poca frecuencia, en comparación con laincidencia de los malos tratos, se debe en parte a la poca información que recibe el público sobre las denuncias debrutalidad policial.

Los organismos de revisión ciudadana, encargados de supervisar y, en algunos casos, de investigar los casosde uso excesivo de la fuerza, están socavados por todas las partes: los sindicatos policiales y otras organizaciones quelos critican, los funcionarios municipales que les suministran escasos fondos y los agentes de policía que se niegan acooperar. Es más, la limitación de las facultades de muchos organismos de revisión civil hace que el público no se animea participar en ellos o apoyarles. Algunas agencias de revisión civil no producen informes públicos, mientras que otrasofrecen información incompleta al público. En ninguno de los informes que estudiamos se indicaba si un agente habíasido disciplinado en un caso concreto o sometido a un proceso penal. Aunque estas agencias cuentan con el máximode transparencia dentro del sistema, sus informes casi nunca incluyen los hechos más fundamentales sobre casosconcretos de interés público.

Las unidades de asuntos internos de la policía, los principales investigadores dentro de cada departamento delabuso policial, funcionan por regla general con exceso de secreto. De este modo, el público, ante quien deberían rendircuentas los departamentos de policía, no puede evaluar si la policía está realmente vigilándose a si misma. De hecho,es prácticamente imposible obtener información sobre las operaciones y actividades de las unidades de asuntos internos;en algunas ciudades, los representantes de asuntos internos se negaron a contestar, o ignoraron, las solicitudes deinformación básica por parte de Human Rights Watch, y algunos de ellos se negaron incluso a suministrarnosinformación sobre el número de investigadores y de personal en sus unidades. En general, la información esencial, comoel número de muertes durante la detención en un departamento particular, no se entrega o se presenta de un modo quedificulta la determinación de la responsabilidad de las muertes. Mientras los representantes de la policía alegan que lainformación sobre investigaciones y audiencias disciplinarias se protégé por razones de intimidad personal, losdepartamentos de policía también se resisten a ofrecer información en la que no aparezcan los nombres o informaciónque pueda identificar a los agentes.

Las fiscalías locales no son más transparentes. Cuando se procesa a agentes de policía por violaciones de losderechos humanos, suele ser con cargos penales estatales de asesinato, homicidio involuntario, asalto, lesiones oviolación. En general, no se ponen a disposición del público estadísticas completas en relación con procesos iniciadoscontra agentes de policía, los motivos para el procesamiento o los índices de éxito procesal en estos casos. Sininformación sobre el número de agentes de policía procesados, que la mayoría de las fiscalías de distrito parecen notener, es imposible saber a ciencia cierta si los fiscales locales están tratando los casos de manera adecuada (y, enconsecuencia, si los fiscales federales deben iniciar sus propias investigaciones).

Los datos federales no son mucho más útiles. Los fiscales federales llevan la cuenta del número de demandasciviles presentadas ante el Departamento de Justicia, así como del número de autos de procesamiento y enjuiciamientosconsiguientes, pero dos oficinas diferentes del Departamento de Justicia mantienen bases de datos paralelas eincompatibles (y la Oficina Federal de Investigación (FBI) mantiene su propia base de datos sobre investigaciones deviolaciones de los derechos civiles), de manera que ninguna oficina puede ofrecer individualmente al públicoinformación completa en relación con las denuncias presentadas o los enjuiciamientos de agentes de policía en undistrito o en una ciudad concreta de Estados Unidos. El Departamento de Justicia tampoco ofrece análisis públicos delas estadísticas incompletas con las que cuenta, en los que se haga referencia, por ejemplo, al aumento o disminuciónde los presuntos casos de brutalidad policial por categoría o región.

Casi cuatro años después que el Congreso apelara al Departamento de Justicia para la elaboración de uninforme a nivel nacional sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía, todavía no ha aparecidoel informe. En noviembre de 1997, el Departamento de Justicia publicó un informe preliminar en el que se describía unaencuesta piloto en los hogares en relación con los contactos entre la policía y el público; y en mayo de 1998, se pusoa disposición del público el primer resumen sobre la situación del proyecto de recopilación de datos relacionados conel uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, a pesar de la orden del Congreso, por la que se exigía al Departamento deJusticia recopilar datos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía, en la encuesta de 1997 se pedíainformación en los hogares sobre todo tipo de encuentros con la policía, tanto favorables como desfavorables; y elproyecto de base de datos sobre el uso de la fuerza, encabezado por la Asociación Internacional de Jefes de Policía, estárecopilando los datos suministrados por un pequeño porcentaje de departamentos de policía, que ofrecenvoluntariamente información sobre los incidentes ocurridos.

En definitiva, en los informes preliminares se ha eludido la cuestión fundamental que el Congreso pidióresponder al Departamento de Justicia. Apelamos al Departamento de Justicia para que revise sus iniciativas, reasignesus fondos de investigación y produzca un informe que responda a la tarea que le encomendaron. Sin la informaciónsolicitada por el Congreso, y otros datos adicionales, es sumamente difícil, si no imposible, que los gobiernos y losdepartamentos de policía elaboren políticas conscientes en las que se combine la importancia de mantener el ordenpúblico con el requisito absoluto de que el Estado proteja a todas las personas bajo su jurisdicción de las violacionesde los derechos humanos por parte de los agentes de policía.

Investigación y disciplina

Las presiones externas son fundamentales para obligar a los dirigentes policiales a mejorar el control por partede la cadena de mando de los agentes que cometen violaciones de los derechos humanos. Pero la brutalidad policial sólodisminuirá cuando los funcionarios superiores juzguen a sus subordinados (y sean juzgados ellos mismos) con vistasa ofrecer una supervisión suficiente y constante, una disciplina administrativa adecuada y, cuando sea necesario,sanciones para los responsables del abuso. Nadie como los responsables policiales pueden dejar claro a los nuevosagentes y a los veteranos que las violaciones de los derechos humanos no son aceptables. Además, los funcionariossuperiores que hayan ignorado o tolerado los abusos cometidos por agentes bajo su responsabilidad deben rendir cuentasante los altos mandos policiales. La actual, antigua y omnipresente tolerancia del abuso dentro de los cuerpos de policía,que ha sido señalada por las comisiones especiales, sigue siendo un obstáculo fundamental para la reducción de labrutalidad policial.

Las divisiones de asuntos internos deben desempeñar un papel central en cualquier examen de cómo se tratala conducta abusiva de los agentes en los departamentos de policía. Por lo tanto, es alarmante que ninguna revisiónexterna, entre ellas la nuestra, haya concluido que el funcionamiento de las divisiones de asuntos internos essatisfactorio. En cada una de las ciudades que examinamos, las unidades de asuntos internos realizaron, con demasiadafrecuencia, investigaciones deficientes, comprobaron pocas denuncias del uso excesivo de la fuerza y no identificaronni castigaron a los agentes que habían sido objeto de denuncias reiteradas. Sin embargo, en la práctica, solieron evitarque los agentes que habían cometido violaciones de los derechos humanos fueran denunciados públicamente ygarantizaron su inmunidad a las sanciones disciplinarias o los procesos penales.

En muchos casos, los procedimientos deficientes y la tendencia aparente en favor de sus compañeros secombinan para garantizar que hasta los policías más violentos se libran del castigo por abusos graves hasta que cometenun acto tan flagrante, tan inevitablemente vergonzante, que no puede pasarse por alto. En los últimos años, tresinvestigaciones e informes importantes sobre la mala conducta en departamentos de policía (Boston, Los Angeles yNueva York) criticaron con dureza el funcionamiento de las unidades de asuntos internos, y las acusaron de promoverel clima de impunidad que dio lugar a las violaciones de los derechos humanos o a la corrupción.

Incluso cuando los departamentos de policía intentan responsabilizar a los agentes que cometen abusos, muchosse libran del despido o de graves sanciones disciplinarias debido a que cuentan con muchas oportunidades para recurrirlos castigos; en muchos casos se salen con la suya, y dejan entrever a sus compañeros que es posible que no tengan querendir cuentas de cualquier tipo de actuación.

Los agentes acusados de violaciones de los derechos humanos o de otro tipo de mala conducta suelen estarprotegidos por las "declaraciones de derechos" especiales para los agentes encargados de hacer cumplir la ley, quedisponen protecciones específicas para los agentes acusados de mala conducta. Los sindicatos policiales y sussimpatizantes han iniciado estos estatutos especiales, que en muchos estados han contribuido a que los agentes se librende las sanciones adecuadas. Por ejemplo, algunas de las "declaraciones de derechos" estipulan la purga de todas lasdenuncias, menos las comprobadas, de los expedientes personales de los agentes; en algunos estados, después de unperiodo determinado, se pueden purgar hasta las denuncias comprobadas; estos expedientes son necesarios paradisciplinar adecuadamente o destituir a agentes en el futuro. Los sindicatos policiales, que ofrecen asesoría legal a losagentes acusados, también negocian contratos para los agentes de policía en los que se dificultan las sancionesdisciplinarias o los despidos (incluso en los casos en que las sanciones son claramente pertinentes). Aunque los agentestienen derecho a todas las salvaguardias del debido proceso, muchas de las protecciones de las que gozan actualmenteson excepcionales y, en la práctica, socavan los intentos de los dirigentes policiales de establecer su responsabilidad.

En algunas ciudades, los agentes de policía cuentan con protecciones excesivas en calidad de servidores civiles(empleados del gobierno), de manera que las sanciones disciplinarias duras, entre ellas los despidos, suelen serdisminuidas o revocadas. En algunos casos, los agentes recurren directamente a los tribunales cuando son despedidos.En otras ciudades, el arbitraje (un proceso al que se recurre para resolver las disputas entre los agentes y el gobiernomunicipal) sirve normalmente para amañar aún más la situación en favor del agente. Cuando un departamento de policíatiene la intención de despedir a un agente, éste puede recurrir la orden de despido y se nombra un intermediarioencargado de decidir si se debe mantener la sanción. El intermediario se nombra de mutuo acuerdo entre el sindicatode policía y el gobierno municipal, pero en la práctica el proceso de arbitraje suele favorecer al agente que intenta serreadmitido en el cuerpo. Los sindicatos policiales cuentan con abogados con experiencia para sus miembros, mientrasque los gobiernos municipales suelen estar representados por abogados muchos más novatos e inexpertos. Como seexpone en este informe, han habido muchos casos relacionados con agentes que han sido objeto de varias denunciascomprobadas, en los que el departamento de policía ha intentado despedir al agente y, sin embargo, los intermediarioshan decidido su reincorporación, debido con frecuencia a tecnicismos menores.

La falta aparente de voluntad colectiva de los funcionarios para controlar a los agentes que cometen violacionesde los derechos humanos (y para exigir a todos los cuerpos de policía que acaten las leyes y las políticas internas de lospropios departamentos) queda de manifiesto por la falta de conexión entre los diferentes organismos responsables dela supervisión de la policía y del procesamiento penal de los agentes que violan las leyes. Aunque muchos demandantespresentan una denuncia ante la unidad de asuntos internos del departamento de policía o la agencia de revisión civilantes de presentar una demanda civil, éste no es siempre el caso. Cuando no se ha presentado una denuncia, lapresentación de una demanda civil debería provocar una investigación por parte de la agencia de revisión civil pertinenteo de la división de asuntos internos; sin embargo, esto sólo se produce en cuatro de las ciudades que examinamos (entreellas Los Angeles, que ha modificado su política en 1998). Algunos abogados municipales "notifican" el caso a launidad de asuntos internos pertinente, pero no se inicia automáticamente una investigación, y en otras ciudades, losabogados municipales no notifican oficialmente el caso al departamento de policía.

De hecho, en la mayoría de las ciudades, incluso cuando el gobierno municipal tiene que pagar sumasconsiderables a las víctimas por acuerdos negociados con los demandantes o decisiones del jurado fruto de una demandacivil por brutalidad policial, es posible que el departamento de policía no investigue el incidente en cuestión. Es posibleque ni siquiera se deje constancia en el expediente personal del agente de la demanda judicial o de las indemnizacionespagadas (o, si se hace una anotación, es posible que no tenga consecuencias negativas en sus posibilidades de ascensoo en las revisiones positivas de su desempeño profesional). Asimismo, las agencias de revisión ciudadana no hacen unseguimiento de las demandas civiles en la mayoría de los casos. Por lo tanto, no se examina la abundante informacióncon que cuentan dichas demandas y el enorme coste que supone el abuso para el presupuesto municipal (y por lo tantopara los contribuyentes).

Obstáculos para la justicia

Desde que presenta una denuncia hasta que interpone un recurso legal, la víctima del abuso policial se enfrentaa dificultades innecesarias y, en algunos casos, a la oposición concertada de los agentes de policía y los poderosossindicatos policiales. Las posibilidades de que se produzca un enjuiciamiento penal a nivel local son escasas, y las deun proceso federal por violación de los derechos civiles son remotas, incluso en los casos más contundentes.

Las nuevas facultades del Departamento de Justicia para realizar investigaciones con el fin de determinar siuna práctica de abuso es sistemática u ocasional en departamentos de policía concretos y para presentar demandas enlas que se ordenen reformas para acabar con las prácticas abusivas suponen una mejora de la función federal desupervisión del abuso policial. (En dos casos, los gobiernos municipales acordaron poner en marcha reformas para ponerfin a las prácticas delictivas en lugar de arriesgarse a que el Departamento de Justicia llevara el caso ante los tribunales.)Y aunque las demandas civiles presentadas por particulares logran a veces su objetivo, no ofrecen un resarcimiento real;con frecuencia, el agente demandado se libra no sólo de la sanción administrativa por su falta, sino también , debidoa las políticas de inmunidad, de cualquier responsabilidad financiera personal.

Por regla general, los departamentos de policía y las unidades de revisión civil no inician una investigación dela presunta brutalidad policial si no existe una denuncia oficial. Sin embargo, en todas las ciudades examinadas porHuman Rights Watch existen graves deficiencias en las manera en que se reciben inicialmente las denuncias del públicoy se remiten para que se tomen medidas. La presentación de una denuncia es innecesariamente complicada y confrecuencia objeto de intimidación, independientemente de que la persona que presenta la denuncia lo haga ante unsargento en una comisaría, un investigador de asuntos internos o, en menor medida, una agencia de revisión civil. Esposible que los denunciantes se encuentren con agentes hostiles que no están dispuestos a recibir una denuncia contraun compañero. Es posible que los disuadan de presentar una denuncia por medio de amenazas y otro tipo de técnicas.Es posible que los agentes que reciben las denuncias sugieran que no creen la versión del denunciante o hagan preguntasde intimidación sobre sus antecedentes penales o los cargos que pueda tener pendientes contra él como resultado de ladetención que provocó el incidente de abuso. La mayoría de los departamentos de policía prohíben que se intenteimpedir o disuadir a un denunciante para que no presente una denuncia, sin embargo, los supervisores se enfrentan osancionan muy rara vez a los agentes que lo hacen. Como señalamos anteriormente, incluso cuando se ha presentadouna denuncia, no se suele informar al denunciante de la situación de la misma o de los resultados de cualquierinvestigación o sanción disciplinaria contra el agente denunciado.

Los procesos penales son difíciles y, aisladamente, no conducen generalmente a un mejora de las prácticaspoliciales. Los expertos en abuso policial advierten que cuando se utiliza el derecho penal como sustituto de las normasdel departamento (es decir, las normas que rigen el sistema de disciplina y ascensos de un departamento de policía) losresultados son casi invariablemente desalentadores. Como afirmábamos anteriormente, para interrumpir una prácticade abuso policial es fundamental una disciplina interna más estricta. Sin embargo, una vez dicho esto, queda claro quelos fiscales locales deben esforzarse más por establecer la responsabilidad de los agentes de manera a corregir los delitosgraves, demostrar que la policía no está por encima de la ley y restaurar la confianza pública en la policía.

Son muchos los motivos por los que los fiscales deciden no llevar adelante un caso contra un agentepresuntamente violento. La relación tradicionalmente cercana entre los fiscales de distrito o condado y los agentes depolicía, que suelen colaborar en el procesamiento de delincuentes, es un factor en contra de la persecución enérgica delos casos de abuso policial. Dado que a los jurados de instrucción (los organismos que revisan las pruebas presentadaspor el fiscal en un caso y deciden si se juzga al acusado) y a los jurados procesales les cuesta creer que un agente depolicía no tuvo un error comprensible y cometió realmente un delito, los fiscales locales tienden a rehuir estos casos.En algunas jurisdicciones, las protecciones procesales especiales para los funcionarios públicos (entre ellos los agentesde policía) acusados de conducta criminal hacen que los autos de procesamiento sean aún menos probables.

Cuando los fiscales locales no procesan los casos graves de violaciones de los derechos humanos por parte dela policía, el gobierno federal es el responsable de procesar. En concreto, la Sección de lo Penal de la División deDerechos Civiles del Departamento de Justicia es la responsable de procesar estos casos de conformidad con losestatutos federales penales sobre derechos civiles (18 U.S. Code, Secciones 241 y 242). Sin embargo, los fiscalesfederales casi nunca procesan ni siquiera los casos más contundentes, debido en parte a los altos requisitos legales quese exigen para ganar dichos casos (los fiscales tienen que demostrar la "intención específica" de privar a una personade sus derechos civiles) y a la carencia de recursos (lo que indica que los procesos por violaciones de los derechosciviles de agentes encargados de hacer cumplir la ley tienen muy poca prioridad). La División de Derechos Civiles sóloprocesa unas cuantas de las miles de denuncias que recibe cada año. Aunque los fiscales federales afirman quedesempeñan un papel secundario en el procesamiento de agentes, cabe destacar que incluso cuando los fiscales localesdeciden no procesar el caso o lo presentan de manera deficiente, los fiscales federales siguen sin intervenir. Y, a pesardel apoyo manifiesto de la administración Clinton a los derechos civiles, su índice de procesamiento de este tipo decasos es comparable al de la administración Bush.

Ante la ausencia de responsabilidad penal o administrativa, muchas víctimas del abuso policial y sus familiaresrecurren a las demandas civiles individuales para obtener resarcimiento. En la práctica, las demandas civiles individualespermiten que los departamentos de policía sigan funcionando como siempre. Algunas víctimas han logrado obtenercompensaciones de los gobiernos municipales, y un pequeño porcentaje de demandas civiles han obligado a que lospropios departamentos de policía acepten la responsabilidad por los malos tratos, lo que ha conducido a reformas dela capacitación y de las políticas internas viciadas. Pero debido a que la mayoría de las indemnizaciones decretadas porun jurado son sufragadas por los gobiernos municipales, la mayoría de los departamentos de policía reconocen que nosiempre hacen un seguimiento de las demandas civiles, aunque la conducta de un agente pueda costarle al gobiernomunicipal cientos de miles, o millones, de dólares en indemnizaciones a las víctimas. Es más, incluso cuando unademanda demuestra violaciones graves, los supervisores policiales no suelen tener en cuenta las demandas civiles enlas evaluaciones del desempeño profesional del agente demandado. Al final, los contribuyentes están pagando al menosel doble por los agentes que cometen abusos, una parte para sus salarios y otra para las víctimas de sus abusos, mientrasque los servicios policiales legítimos o la protección que reciben a cambio suele ser escasa.

Cuando se combinan todas estas carencias sistemáticas en el trato del abuso por parte de agentes de policía,se puede entender porque los agentes que cometen violaciones de los derechos humanos tienen pocas razones para temerque les descubran, les castiguen o les juzguen.

Los tratados y las directrices internacionales en materia de derechos humanos establecen normas para laconducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(PIDCP) y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes protegen elderecho a la vida y prohíben la tortura, y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; ambos tratados han sidoratificados por Estados Unidos. También han aceptado internacionalmente las normas relativas al uso de las fuerza yde las armas de fuego por parte de agentes de policía. Por ejemplo, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerzay de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados en 1990, disponen normaspara el reclutamiento, la capacitación y el uso de la fuerza. Reclaman proporcionalidad en la cantidad de fuerza utilizadacuando sea necesario, la adopción del requisito de presentar un informe cuando se utilice la fuerza o las armas de fuego,y que los gobiernos adopten las medidas necesarias para que "en la legislación se castigue como delito el empleoarbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley."

Los organismos internacionales de observación de los derechos humanos han manifestado su inquietud por elproblema del abuso policial en Estados Unidos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, el organismointernacional encargado de observar el cumplimiento de las disposiciones del PIDCP por parte de Estados Unidos yotros Estados Partes, concluyo en 1995: "El Comité expresa su preocupación por el gran número de personas muertas,heridas o sometidas a malos tratos por miembros de las fuerzas de policía, supuestamente en el desempeño de susfunciones." Tras la investigación en 1997 de las muertes por parte de la policía en Estados Unidos, con hincapié enNueva York y Los Angeles, el Relator Especial de las Naciones Unidas encargado de la cuestión de las ejecucionesextrajudiciales, sumarias o arbitrarias manifestó su preocupación por las informaciones sobre violaciones del derechoa la vida como resultado del uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,y declaró su intención de seguir observando de cerca el asunto.

Recomendaciones

El deber de establecer la responsabilidad de los agentes de policía que cometen actos abusivos recae en lasautoridades policiales, estatales y federales: los funcionarios policiales deben garantizar que los agentes de policía sonsancionados cuando violan los reglamentos administrativos, mientras que los fiscales estatales y federales debenprocesar los actos delictivos cometidos por agentes. Además, todos estos funcionarios son responsables de exigir quela conducta de los agentes de policía se ajuste a las normas internacionales en materia de derechos humanos y cumplalos tratados en materia de derechos humanos que obligan a Estados Unidos, como el Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos y la Convención contra la Tortura. Aunque el gobierno federal es el único responsable de informara nivel internacional del cumplimiento de estos tratados por parte de Estados Unidos, los funcionarios locales y estatalescomparten la responsabilidad de garantizar su cumplimiento dentro de sus jurisdicciones.

Política de ayudas federales: De conformidad con la legislación federal, es habitual que se condicione unaayuda económica a un organismo estatal o municipal a su cumplimiento de las disposiciones de las leyes federales.También es habitual que el gobierno estadounidense, en base a la legislación en materia de derechos humanos,condicione su ayuda internacional a otros gobiernos a su cumplimiento de las prácticas internacionales en materia dederechos humanos. Consideramos que esos condicionamientos son adecuados cuando se aplican al derecho a la vida,a la integridad física y a un trato humano de las personas que se encuentran en Estados Unidos (estos derechos estánprotegidos por los tratados internacionales, la Constitución de EE UU y la legislación estadounidense sobre derechosciviles). Cada año, los departamentos de policía reciben, directa o indirectamente, miles de millones de dólares enconcepto de ayudas federales para la capacitación, las relaciones comunitarias, la contratación de personal y las comprasde equipo.

El Congreso debe aprobar leyes que dispongan la retención de estos fondos destinados a los departamentosde policía o a los gobiernos municipales hasta que no suministren datos en relación con el uso excesivo de la fuerza (losdatos que el Departamento de Justicia no ha recopilado a pesar de las instrucciones del Congreso en 1994).

El Congreso debe aprobar también leyes que dispongan la retención de las ayudas cuando se pueda demostrarque el departamento de policía que ha solicitado los fondos no respeta totalmente los derechos humanos. En concreto,cuando el Departamento de Justicia, como parte de sus nuevas investigaciones de prácticas sistemáticas u ocasionales,identifique violaciones generalizadas de los derechos humanos en un departamento de policía, se deben cesar las ayudasfederales si el departamento de policía no emprende o demuestra no estar dispuesto a emprender reformas. El Congresodebe considerar también la posibilidad de condicionar los fondos federales a los progresos comprobables por parte detodos los departamentos de policía en la puesta en marcha de las reformas establecidas en los acuerdos ya adoptadosentre el Departamento de Justicia y dos departamentos de policía, de conformidad con la revisión de prácticassistemáticas u ocasionales; tales como crear y utilizar sistemas de prevención para identificar a los agentes que sonobjeto de reiteradas denuncias ciudadanas e incluir las demandas civiles contra agentes dentro del sistema de prevención;desarrollar y poner en marcha una política sobre el uso de la fuerza que se ajuste a la legislación aplicable y las normasprofesionales vigentes; exigir a los agentes que presenten informes sobre el uso adecuado de la fuerza y de otro tipo;realizar auditorías y revisiones periódicas de las posibles tendencias raciales negativas, como el uso de epítetos racialespor parte de los agentes; aplicar medidas disciplinarias adecuadas cuando se comprueben las denuncias; y nombrar unauditor independiente que garantice las mejoras. Dado que el Departamento de Justicia ha refrendado estas normasconsiderándolas fundamentales para la mejora de los mecanismos de responsabilidad en ciertos departamentos depolicía, se debería premiar a todos los departamentos que tomen medidas comprobables para la puesta en marcha deprocedimientos similares.

En las tres áreas que hemos destacado (obstáculos a la justicia, problemas de investigación y disciplina yresponsabilidad y transparencia ante el público), recomendamos los siguientes cambios:

Obstáculos a la justicia

(1) El gobierno federal de Estados Unidos debe eliminar los obstáculos para la investigación imparcial y exhaustiva y,cuando sea pertinente, para el procesamiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes depolicía.

    La administración Clinton debe apoyar la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley para laeliminación del requisito de "intencionalidad específica" contenido en los estatutos sobre derechos civiles que,en la práctica, socava el espíritu de la ley. Para iniciar un proceso penal federal debe ser suficiente que elagente de policía golpeara de manera intencional e injustificada o matara a la víctima, sin que exista la cargaadicional de tener que demostrar que el agente tenía la intención específica de violar los derechos civiles dela víctima por medio del abuso. Aunque no se elimine, el tribunal debe determinar la intención específica entodos los casos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por agentes de servicio dado que, en virtud desu profesión, los agentes de policía deben saber que el uso excesivo de la fuerza priva a las personas de susderechos, y porque este requisito suele confundir a los jurados.

    La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, especialmente su Sección de lo Penal y suSección de Litigios Especiales, debe recibir una financiación adecuada para poder cumplir con su mandato.La financiación debe ser proporcional al crecimiento de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y delpersonal de éstas que está sujeto a investigaciones o procesamientos por parte de la división.

    El Congreso de EE UU debe aprobar legislación que contemple la aplicación del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos oDegradantes, y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR),que contienen disposiciones para la prohibición de las actividades policiales abusivas, arbitrarias odiscriminatorias; y el Presidente Clinton debe solicitar al Senado que acepte la retirada de las reservas quesocavan el espíritu y la finalidad de los tratados. Se si aplican las disposiciones de la Convención contra laTortura, se codificará la tortura como delito penal en Estados Unidos. Si los residentes estadounidensespudieran invocar las disposiciones de la convención sobre la raza, la cuestión del impacto desproporcionadoen los grupos minoritarios del abuso policial podría presentarse ante los tribunales, dado que el tratado sólorequiere que se demuestre la intención o el efecto discriminatorio, mientras que, según la interpretación de lostribunales, la Constitución de Estados Unidos exige que se demuestre tanto la intención como el efecto. Y sise eliminarán las reservas presentadas por Estados Unidos en el momento de ratificar los tratados, que violanel espíritu de los mismos, los residentes de EE UU gozarían de más protecciones frente al abuso policial. Enconcreto, se deben retirar las reservas al Artículo 7 del PIDCP y de la Convención sobre la Tortura, queprohíbe "el trato o las penas crueles, inhumanas o degradantes," para que los residentes de EE UU esténprotegidos del trato o las penas "inhumanas" o "degradantes" que no están prohibidas actualmente por lasnormas constitucionales estadounidenses, en las que se circunscriben las protecciones a las penas "crueles einusuales."

    El Congreso de Estados Unidos debe aprobar leyes que codifiquen la tortura como delito federal aunque nodecrete legislación para la aplicación de la Convención contra la Tortura.

    Dada la reticencia habitual de los fiscales locales de distrito o de condado a procesar a los agentes de policíaacusados de violaciones de los derechos humanos, cada estado debe crear una fiscalía especial encargada delos procesamientos penales de los agentes acusados de cometer actos delictivos, entre ellos los casos debrutalidad y corrupción. Además, la fiscalía especial debe investigar a los fiscales de distrito que, durantelargos periodos, utilizan pruebas y testimonios procedentes de agentes claramente abusivos y corruptos, y notoman medidas para procesarles. Con demasiada frecuencia la responsabilidad recae en los departamentos depolicía cargados de escándalos, y habitualmente en los agentes de a pie, mientras que los funcionariossuperiores se libran de cualquier escrutinio. Hasta que se creen las fiscalías especiales, los fiscales de distritosospechosos de mala conducta en este sentido deben ser denunciados a los colegios de abogados estatales.

(2) Los gobiernos estatales y municipales deben crear mecanismos de revisión civil eficaces, eliminar los obstáculospara la presentación de denuncias contra agentes de policía, financiar a las agencias de revisión ciudadana para quepuedan cumplir sus mandatos, y revisar sus leyes y prácticas con el fin de eliminar las protecciones extraordinarias delos agentes, que provocan que la responsabilidad del abuso se traspase de la policía a los contribuyentes.

    Los gobiernos municipales deben crear un sistema de supervisión por medio de una auditoría independientepara: identificar las prácticas y políticas problemáticas; revisar las investigaciones realizadas por las divisionesde asuntos internos y ordenar investigaciones adicionales; y recomendar reformas, observar la aplicación desus recomendaciones y participar en las audiencias disciplinarias. Dicha oficina debe publicar periódicamenteinformes sobre sus actividades. El sistema de supervisión debe contar también con un organismo deinvestigación independiente (similar a algunas juntas de revisión civil actuales) con todas las facultadesnecesarias para recibir e investigar denuncias, que debe colaborar con el auditor independiente. El sistema desupervisión debe complementarse con un administrador municipal encargado de hacer un seguimiento de lasdemandas civiles relacionadas con el abuso policial y de identificar las variaciones en las denuncias de abusoy los agentes mencionados en las mismas.

    Se deben eliminar los obstáculos para la presentación de denuncias. Por ejemplo, las personas que quieranpresentar una denuncia por malos tratos de la policía, ya sea ante una agencia de revisión civil o un funcionariodel departamento de policía (o de otro organismo), deben recibir instrucciones claras, formularios sencillos yun teléfono de contacto para comprobar la situación de las investigaciones. Ninguna agencia de revisión niagente encargado de tomar las denuncias debe, bajo ninguna circunstancia, intentar disuadir o intimidar a undenunciante. Se deben aceptar las denuncias anónimas con el fin de iniciar nuevas investigaciones, pero no sedeben utilizar como tales para fines disciplinarios sin que un funcionario superior adecuado verifique laidentidad del denunciante. Se debe poner a disposición de la comunidad información en diferentes idiomassobre el proceso y el formulario de denuncia.

    Se debe suministrar a los denunciantes actualizaciones periódicas por escrito sobre la situación de susdenuncias y los avances en la investigación. Como mínimo, se debe informar al denunciante del recibo de sudenuncia por parte de la agencia de revisión ciudadana o la unidad de asuntos internos del departamento depolicía, de cualquier audiencia o decisión final relacionada con la denuncia (incluida cualquier medidadisciplinaria que se haya tomado), y se le debe ofrecer una explicación completa del resultado.

    Se debe castigar adecuadamente a cualquier agente que intente disuadir a un denunciante para que no presenteuna denuncia de abusos o de otro tipo. Cuando sea necesario, se debe impartir capacitación para la toma dedenuncias.

    Se deben aportar recursos adecuados a las agencias de revisión civil para que promuevan la conciencia delpúblico y demuestren a los residentes escépticos que revierte en su propio interés y vale la pena el esfuerzo depresentar o proseguir con una denuncia.

    Al considerar la entrega de ayuda federal a los departamentos de policía, el Congreso de Estados Unidos deberecompensar a los gobiernos municipales que establecen y financian adecuadamente a las agencias de revisióncivil o ciudadana y cuyos departamentos de policía cooperan con estos organismos; las agencias de revisióndeben suministrar esta información a los comités del Congreso pertinentes.

    Se deben modificar las leyes y las políticas que inmunizan a los agentes de policía contra los enjuiciamientosciviles relacionados con graves violaciones de los derechos humanos. Cuando se produzca un dictamen contraun gobierno municipal por la conducta abusiva de un agente de policía, el gobierno municipal debe intentarque el agente contribuya al pago de la indemnización a la víctima o su familia.

    En los estados en que los jurados de instrucción aplican los principios de preferencia en las investigacionesde funcionarios públicos, entre ellos los agentes de policía, se deben revisar estos principios y leyes para quela justicia se administre de manera igualitaria, independientemente de la ocupación del acusado.

    Durante la revisión del caso y antes de decidir si se juzga al agente acusado de cometer actos delictivos, losjurados de instrucción cuentan con un acceso único e inusual a la información relacionada con las prácticaspoliciales. Los jurados de instrucción tienen la facultad de hacer recomendaciones sobre las políticas y lasprácticas policiales en los casos en que tienen que decidir si se juzga a los agentes involucrados, y deben haceruso de la misma.

Investigación y disciplina

(1) Los gobiernos federal, estatales y municipales deben coordinar sus esfuerzos para garantizar que fortalecen laspolíticas destinadas a evitar el abuso policial a todos los niveles.

    Se debe establecer un sistema de seguimiento a nivel estatal o, idealmente, a nivel federal para evitar que secontrate para tareas policiales a los agentes que han cometido abusos y han sido despedidos de undepartamento. Se debe exigir a los departamentos de policía y a otros organismos encargados de hacer cumplirla ley que sometan la información pertinente a la oficina de seguimiento cuando un agente sea despedido pormala conducta grave (como violaciones de los derechos humanos) o cuando renuncia a su puesto antes de quese decida sobre un caso de presunto abuso por su parte. Se debe exigir a los encargados del reclutamiento depolicías que comprueben los datos de los reclutas en la oficina de seguimiento antes de ofrecerles un puesto.Además, se deben crear normas uniformes en relación con los antecedentes penales "aceptables" de los reclutaspoliciales, de manera que las personas con un historial de conducta delictiva violenta no sean contratadasdebido a las bajas exigencias de algunos departamentos de policía. Se debe excluir a cualquier agente que hayasido condenado judicialmente por un delito violento, independientemente de que se haya procesado comodelito grave o falta.

    Se deben fortalecer y financiar completamente los procedimientos de descalificación de agentes de policía, queexisten en 39 estados, para que los agentes que cometen infracciones graves (como violaciones de los derechoshumanos) sean "descalificados" como agentes y no puedan servir en ningún cuerpo de policía en el estado. Losgobiernos de los 11 estados donde las Comisiones sobre Normas y Capacitación para los Agentes Encargadosde Mantener el Orden (POST Commission), o su equivalente, no cuentan con poderes de descalificación debenconceder estos poderes a las comisiones. Todos los estados deben revisar sus estatutos y reglamentos para queexijan que los jefes o comisionados policiales informen a la Comisión POST del despido o renuncia de agentesacusados de mala conducta grave (como violaciones de los derechos humanos). Se deben aprobar leyesfederales que sirvan para relacionar los datos que están siendo recopilados por las comisiones POST, con elfin de que dichos agentes no puedan obtener empleo en un estado vecino o en organismos federales encargadosde hacer cumplir la ley.

(2) Los gobiernos municipales y estatales y los responsables de los departamentos de policía deben tomar medidas paraacabar con la impunidad de todos los agentes, sobre todo de los agentes "problemáticos" o "de riesgo" (habitualmenteuna pequeña parte de cada cuerpo que es objeto de denuncias y demandas civiles reiteradas) que se libran continuamentede las sanciones disciplinarias adecuadas y/o del enjuiciamiento.

    Los responsables policiales deben transmitir enérgica y claramente a los agentes bajo su mando, por medio delas palabras y las acciones, que no se tolerarán las violaciones de los derechos humanos y que se aplicaránestrictamente las políticas internas del departamento y las leyes.

    Todas las investigaciones deben ser rápidas, exhaustivas e imparciales, independientemente de que las llevena cabo las agencias de revisión civil, las unidades de asuntos internos u otro personal policial.

    Las conclusiones de las investigaciones policiales (por parte de las comisarías de distrito, las unidades deasuntos internos o las divisiones de homicidios) de los casos relacionados con el presunto uso excesivo de lafuerza u otras violaciones graves de los derechos humanos deben ser siempre revisadas, en algún momento,por civiles (agencias de revisión civil o auditores, comisiones civiles sobre asuntos policiales o consejosmunicipales).

    Siempre que un agente policial sea detenido o inculpado, se le debe retirar de las calles y asignar a tareasadministrativas o suspender sin derecho a salario, en función de los cargos, hasta que se resuelva el caso.Siempre que un caso contra un agente esté pendiente de la decisión de un jurado de instrucción o si lasautoridades tienen motivos para creer que el agente pudo haber cometido una conducta abusiva, como mínimo,se debe destinar al agente a tareas administrativas. Se debe destituir a todo agente condenado por un crimenviolento, ya sea un delito grave o una falta.

    Todo agente que haya participado en un tiroteo, estando de servicio o fuera de éste, debe ser asignado a tareasadministrativas o suspendido con derecho a salario, dependiendo de las circunstancias del tiroteo, hasta quese investigue y resuelva el incidente. Todo agente contra el que se haya presentado una denuncia por el usoexcesivo de la fuerza o por otra violación de los derechos humanos que se haya saldado con la lesión deldenunciante o de la presunta víctima debe ser asignado a tareas administrativas o suspendido con derecho asalario hasta que se investigue y resuelva el incidente.

    Cuando un agente ha sido objeto de numerosas denuncias de ciudadanos y compañeros policías por violacionesde los derechos humanos, o ha sido demandado civilmente en varias ocasiones por presuntos abusos, y susuperior inmediato no le disciplina, recicla o trata de resolver y frenar los presuntos malos tratos a sospechososy otras personas por parte del agente, la unidad de asuntos internos u otros investigadores adecuados debeninvestigar al funcionario superior y éste debe rendir cuentas de la conducta de su subordinado. Si se descubreque el funcionario superior no informó de los abusos o toleró la conducta abusiva constante por parte de losagentes que supervisa, se le debe disciplinar adecuadamente y se debe incluir para siempre en su historial elhecho de que no hubiera puesto freno a los abusos, lo que debe ser un factor negativo determinante a la horade considerar su ascenso. Los que ocupan los puestos más altos deben revisar habitualmente la conducta delos que supervisan directamente a los agentes, para garantizar que están ocupándose de manera adecuada desus subordinados.

    Los funcionarios de policía debe tratar con seriedad el código de silencio que socava los intentos de establecerla responsabilidad policial por los abusos. Debe apoyar a los que denuncian las violaciones de los derechoshumanos y sancionar a los que no lo hacen. Los supervisores deben perseguir el abuso, no a los que lodenuncian.

    Los agentes de policía que den un buen ejemplo, al tratar de manera adecuada y con respeto a los residentes,al intervenir cuando sus compañeros muestran una conducta abusiva y al denunciar las violaciones cuando seproducen, deben ser recompensados con destinos privilegiados y ascensos para que quede claro que ese tipode agente se beneficiará profesionalmente.

    Los departamentos de policía deben establecer y utilizar sistemas de prevención eficaces para identificar a losagentes que abusan reiteradamente del público al que han jurado servir, así como programas para los que estánpasando por problemas emocionales o de otro tipo y necesitan asistencia para no cometer un abuso grave. Lossistemas de prevención deben tener en cuenta todas las denuncias, los informes sobre el uso de la fuerza, lasdemandas civiles y la información de gestión interna de la policía relacionada con un agente. Los requisitospara iniciar una revisión de un agente con varias denuncias o demandas civiles deben ser lo suficientementebajos como para asegurar que los agentes reciben atención y son tratados adecuadamente antes de que vuelvana hacer un uso excesivo de la fuerza contra la población.

    La mano blanda no debe sustituir nunca a las medidas disciplinarias enérgicas en los casos de abuso grave, loque sería un intento torpe de ayudar a agentes que, en realidad, deberían ser castigados y despedidos.Asimismo, los traslados no deben utilizarse como método para tratar un problema de abuso; los supervisoresque decidan trasladar el problema a otra comisaría o distrito, poniendo en peligro de este modo a los residentesy los agentes, deben ser sancionados de manera adecuada.

    Las denuncias comprobadas contra un agente no deben purgarse nunca de su expediente aunque hayatranscurrido un periodo de tiempo concreto.

    Las conclusiones de las agencias de revisión civil deben ser vinculantes para el departamento de policíaafectado, a no ser que el departamento pueda demostrar (y exponer total y públicamente) que la agencia derevisión cometió negligencias graves o errores factuales determinantes.

    Cuando las juntas de revisión civil y las divisiones de asuntos internos hayan "comprobado" una denunciacontra un agente, pero el departamento de policía decide no disciplinarle en absoluto, se debe hacer pública,dentro del informe anual antes señalado por parte de la junta de revisión o de la unidad de asuntos internos,una explicación completa de los motivos por los cuales el departamento no ha tenido en cuenta las conclusionessobre la denuncia.

    Cuando las agencias de revisión civil o las unidades de asuntos internos comprueben una denuncia de presuntaconducta delictiva, ésta debe remitirse automáticamente a los fiscales locales o federales para que la revisen.Cuando las agencias de revisión civil o las unidades de asuntos internos reciban una denuncia de presuntosabusos físicos con resultado de lesiones, deben remitirla inmediatamente a los fiscales locales o federales.

    Cada departamento de policía debe crear una matriz o tabla de medidas disciplinarias en la que se describanuna serie de sanciones para los diferentes delitos cometidos por agentes, que debe contribuir a la eliminaciónde la amplia discrecionalidad que ejercen actualmente algunos funcionarios policiales a la hora de adoptarmedidas disciplinarias.

    En algunos departamentos de policía, es posible que un agente no sea disciplinado si la investigación de sucaso (por parte del personal policial o la agencia de revisión civil) supera un periodo de tiempo establecido.En la práctica, las denuncias de abuso son comprobadas pero los agentes no son disciplinados debido a estasleyes de prescripciones. Se deben eliminar o ampliar estos límites temporales de manera que se ajusten altiempo necesario para realizar una investigación; una fecha límite arbitraria no debe ser nunca una excusa parapermitir que un agente que ha cometido una violación de los derechos humanos se libre del castigo.

    El personal civil, no policial, debe participar en las audiencias disciplinarias internas. La presencia de"personas ajenas al cuerpo" puede aportar tanto la apariencia como la esencia de la responsabilidad ante elpúblico.

    Los gobiernos municipales deben ofrecer recursos legales para garantizar que se confirman los despidos delos agentes por parte de los departamentos de policía. Se deben revisar el arbitraje y otros procedimientos; que,en la práctica, permiten que los agentes cuya participación en violaciones de los derechos humanos u otro tipode mala conducta ha sido demostrada permanezcan en el cuerpo; para que los jefes de policía, lossuperintendentes o los comisionados puedan despedir a los agentes que sean considerados no aptos para tareaspoliciales.

    Se deben examinar y revisar las "declaraciones de derechos" estatales para los agentes encargados de hacercumplir la ley, de manera a garantizar que las protecciones que conceden a los agentes en los procedimientosdisciplinarios no socavan de manera inadecuada las iniciativas para establecer la responsabilidad.

    La presentación de una demanda civil por abuso policial debe provocar automáticamente el inicio de unainvestigación interna. Si se produce una investigación interna y no se comprueba la denuncia, se debe reabrirla investigación si el demandante logra su objetivo gracias a una decisión del jurado o de un acuerdonegociado, o si se presentan nuevas pruebas, que no fueron consideradas por los investigadores internos,durante el juicio civil. Cuando una unidad de asuntos internos es informada de una demanda contra un agentede su departamento, se debe enviar una nota al demandante para que presente una denuncia ante la unidad deasuntos internos, si no lo ha hecho antes.

    La mayoría de los departamentos de policía examinados en este informe prohíben el uso de llaves deestrangulamiento, que deberían estar prohibidas en todas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Elgrado de precisión necesario para aplicar llaves de estrangulamiento sin causar daños graves o la muerte,combinado con las variables que contribuyen a las posibilidades de lesiones o muerte que el agente no puedeconocer al instante (como si el detenido es asmático, está bajo los efectos de las drogas o padece problemasde salud de otro tipo), hace que las llaves de estrangulamiento no sean una opción aceptable.

    Se debe mejorar la capacitación en relación con las situaciones que suelen conducir al abuso. Por ejemplo, losagentes deben estar totalmente capacitados para utilizar de manera adecuada el vaporizador de gas mostaza,para tratar de manera no violenta a las personas con enfermedades mentales y para ejecutar apropiadamentelas detenciones después de una persecución.

    Se deben estudiar en profundidad los efectos del nuevo armamento policial, como el vaporizador de gasmostaza, antes de ponerlo a disposición de los agentes. Además, se debe capacitar a los agentes para reaccionarante los efectos de estas armas, como ofrecer asistencia médica inmediatamente. Los administradores policialesdeben crear y poner en práctica políticas que protejan completamente la salud y la seguridad de las personascontra las que se utilizan estas armas.

    Durante la selección de los instructores, se deben tener en cuenta sus historiales de demandas y de denunciasde cualquier tipo; los departamentos de policía no deben seleccionar nunca para tareas de capacitación aagentes de policía que hayan realizado conductas abusivas.

    Se debe animar y capacitar a los agentes para que intervengan cuando sus compañeros de patrulla o del cuerpoamenacen o inicien una conducta abusiva. Cuando una detención haya conllevado cualquier tipo de altercado(ya sea verbal o físico) entre el agente y el detenido, este último debe ser atendido por otro agente en lacomisaría. Independientemente de que se produzca o no este tipo de "reyerta", es fundamental que seidentifique al agente que realizó la detención en el informe sobre la misma o en cualquier otro documentorelevante.

    Los agentes que presencian los disparos de un compañero o son responsables de disparar a otra persona debendeclarar inmediatamente ante los investigadores, de conformidad con las garantías del debido procesoaplicables y con o sin asistencia legal; las disposiciones especiales, que justifican los retrasos de días en lasdeclaraciones y que no están permitidas en al menos una de las ciudades que examinamos, pueden contribuira la obstrucción de la justicia y deben ser eliminadas. Dichos retrasos dificultan la tarea de los investigadoresy socavan las relaciones entre la policía y la comunidad dado que sugieren una conducta incorrecta.

    Se deben crear "equipos de reacción" en las fiscalías de distrito, que intervengan cuando se produzcan tiroteoscon la participación de agentes, o se deben restablecer en los distritos donde han sido eliminados por razonesde presupuesto. Cuando el personal de las fiscalías de distrito se presenta en la escena de un tiroteo, debe poderentrevistar a los agentes involucrados en el tiroteo antes de que los investigadores del departamento de policíales obliguen a declarar, lo que constituiría una prueba inadmisible en los procedimientos penales.

    Los departamentos de policía debe prestar especial atención a la "trilogía" de cargos (resistencia al arresto,alteración del orden público y asalto a un agente). Los agentes suelen utilizar estos cargos contra losdenunciantes del abuso para encubrir sus propias violaciones de los derechos humanos. Los departamentos depolicía deben determinar si ciertos agentes están utilizando estas alegaciones de manera reiterada,especialmente cuando no existan cargos previos, con la intención de disuadir a las víctimas para que noprosigan con las denuncias. Si se descubre que dichos cargos se aplican con la intención de encubrir los abusosde un agente, éste debe ser despedido.

    Se debe exigir a los abogados y a los consejos de las corporaciones municipales que informen sin demora aldepartamento de policía pertinente de cualquier demanda relacionada con un agente.

    El presupuesto del departamento de policía debe costear las demandas civiles, no los presupuestos generalesmunicipales como suele ocurrir. De esta manera, los departamentos de policía contarán con un importanteincentivo económico para tratar de manera adecuada a los agentes que suelen ser objeto de demandas civiles.Las cantidades indemnizadas, los incidentes y las tendencias de las demandas contra la mala conducta policialdeben utilizarse para la planificación de políticas.

Responsabilidad y transparencia ante el público

(1) El gobierno federal debe ofrecer informes pertinentes y exhaustivos de conformidad con sus obligaciones en materiade derechos humanos, debe divulgar información a los organismos estatales y locales en relación con las obligacionesde Estados Unidos contenidas en el derecho internacional de derechos humanos, y debe cooperar con los investigadoresinternacionales de derechos humanos de manera coherente con sus obligaciones.

    Estados Unidos tiene la obligación de presentar informes periódicos ante el Comité de Derechos Humanos,el Comité contra la Tortura y el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, debidoa que ha ratificado los tratados internacionales correspondientes. Hasta la fecha, sus informes han sidoincompletos (en el caso del Comité de Derechos Humanos) o hace más de dos años que debían habersepresentado (en el caso de los otros dos comités). En el futuro, la presentación de informes podría respondermejor a las exigencias de la ONU con una mejor recopilación de datos, descripciones más francas de lascarencias constantes y, quizá lo más importante, la voluntad política de elaborar y presentar a tiempo informesdetallados.

    El gobierno federal tiene el deber de divulgar información a los organismos estatales y locales sobre lasobligaciones contraídas por Estados Unidos en los tratados internacionales de derechos humanos que haratificado. Hasta el momento, no se han emprendido este tipo de iniciativas de manera seria y coherente. Elgobierno federal debe divulgar esta información sin demora.

    Cuando los Relatores Especiales u otros investigadores de la ONU realicen misiones en Estados Unidos, losfuncionarios estadounidenses deben asistirles suministrando la información solicitada, organizando reunionescon funcionarios de todos los niveles del gobierno relacionados con los temas relativos a la responsabilidadpolicial, y estudiando los informes publicados por la ONU y sus recomendaciones. En concreto, losfuncionarios locales y federales deben revisar el informe publicado en abril de 1998 por el Relator Especialde la ONU encargado de las cuestiones de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Investigó lasmuertes por parte de la policía y planteó sus inquietudes en relación con la ausencia de datos nacionales sobreeste asunto, la mala calidad de algunas investigaciones de las muertes por parte de la policía y el bajo índicede procesamiento penal de los casos de abuso policial con resultado de muerte. El Relator Especial recomendó:una mejora de la capacitación sobre las normas internacionales relativas a la aplicación de ley y los derechoshumanos; investigaciones independientes de las muertes durante la reclusión; y la utilización de fiscalesespeciales.

(2) El gobierno federal debe recopilar y publicar estadísticas relevantes a nivel nacional sobre el abuso policial, parainformar sobre sus propias decisiones políticas, para mantener una supervisión de la recolección de datos a nivel localy para facilitar la observación por parte de los organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales.

    El Departamento de Justicia debe publicar un informe anual sobre el número de denuncias de violaciones delos derechos humanos por parte de agentes de policía recibidas e investigadas, y sobre el número de policíasinculpados o condenados de conformidad con los estatutos penales federales sobre derechos civiles. El informedebe contar con un análisis de asuntos tales como la discriminación racial por parte de funcionarios, lastendencias en los tipos de abuso, las dificultades para procesar los casos, y las fuentes de información.

    El Departamento de Justicia debe recopilar datos sobre el uso excesivo de la fuerza y producir un informe anualsobre el tema, como le ordenó el Congreso en 1994. Las encuestas piloto y los informes preliminares que hapublicado el Departamento de Justicia no han aportado hasta ahora información sobre este tema. Larecopilación de datos debe incluir la información suministrada por las agencias de revisión ciudadana y otrosmecanismos, y las organizaciones de derechos civiles, en lugar de esperar que los departamentos de policíainformen voluntariamente, como ocurre actualmente. De la manera en que se ha conducido hasta ahora, esteproyecto no responde a las instrucciones del Congreso. La División de Derechos Civiles debe ofrecersupervisión y orientación adicionales, y debe reasignar las ayudas al Departamento de Justicia para garantizarque cumple con las órdenes del Congreso.

    El Congreso debe retener las ayudas federales destinadas a departamentos de policía que no han suministradodatos sobre el uso excesivo de la fuerza. El Congreso, que, según se ha informado, no ha aportado financiaciónadecuada para la recopilación de datos sobre el uso excesivo de la fuerza, debe hacerlo inmediatamente, contal que los proyectos de investigación se concentren en el cumplimiento de las instrucciones del Congreso. Losmiembros del Congreso deben observar también las iniciativas del Departamento de Justicia para larecopilación de estos datos e insistir en que se entregue inmediatamente al Departamento información sobreel uso excesivo de la fuerza.

    De conformidad con sus nuevas facultades, la Sección de Litigios Especiales de la División de DerechosCiviles puede presentar demandas contra los cuerpos de policía abusivos por prácticas sistemáticas uocasionales. Hasta la fecha, no ha aparecido ningún informe global sobre las investigaciones o demandasemprendidas. El informe del Departamento de Justicia sobre el uso excesivo de la fuerza, o un informediferente publicado por la División de Derechos Civiles, debe contar con: información sobre los departamentosde policía examinados por la División de Derechos Civiles; las conclusiones de estas investigaciones; lainformación obtenida por el Departamento de Justicia con la cooperación de abogados u organizaciones dederechos civiles locales; la situación del cumplimiento por parte de los departamentos de policía de lasreformas solicitadas por el Departamento de Justicia para evitar una demanda; y los acuerdos alcanzados y losmandamientos judiciales dictados que prohíben el trato abusivo. Se debe tomar nota de cualquier avance enel cumplimiento por parte de los departamentos de policía de cualquier acuerdo alcanzado, así como de lametodología empleada para observar el cumplimiento. Además, en el informe se deben exponer las razonespara el examen del departamento de policía de una ciudad concreta. Si no se divulga ampliamente lainformación sobre los acuerdos alcanzados, se socavaran los aspectos positivos de los acuerdos y, ante laausencia de información que lo desmienta, el público seguirá creyendo que el Departamento de Justicia no estáhaciendo honor a sus obligaciones. Es más, el público tiene derecho a saber cómo hace uso el Departamentode Justicia de sus nuevas facultades civiles.

    El Departamento de Justicia debe observar y promover las iniciativas locales de recopilación de datos, paragarantizar que se maximiza el acceso del público a los datos útiles y relevantes, y asegurar que las decisionespolíticas a nivel federal se pueden tomar en base a evaluaciones competentes de la incidencia y lascaracterísticas de la brutalidad policial.

    La Comisión sobre Derechos Civiles de Estados Unidos publica informes periódicos sobre la brutalidadpolicial en ciudades y regiones concretas. Instamos a que se entreguen fondos adicionales a la comisión paraque pueda celebrar audiencias públicas, producir informes útiles y pertinentes, y hacer recomendaciones parala reforma y observar su aplicación.

(3) Las agencias de revisión civil, las unidades de asuntos internos de los departamentos de policía, los gobiernosmunicipales y los fiscales locales debe publicar periódicamente informes sobre sus actividades relacionadas con lasviolaciones de los derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Se deben suministrarfondos adicionales cuando sean necesarios para la publicación de estos informes; la carencia de fondos no es escusapara no cumplir esta responsabilidad de ofrecer información al público.

    Las agencias de revisión ciudadana deben publicar informes, al menos una vez al año, que contenganestadísticas detalladas e información relacionada con las denuncias, las tendencias de las mismas, la frecuenciade cada tipo de denuncia, las medidas disciplinarias derivadas de las denuncias comprobadas, recomendacionessobre la política interna (así como las respuestas de los departamentos a esas recomendaciones) y las iniciativaspara la promoción de la conciencia comunitaria. El informe debe contar también con ejemplos de los tipos deabuso sobre los cuales la agencia ha recibido denuncias durante el periodo que cubre el informe.

    En las ciudades donde las agencias de revisión civil no tienen facultades para cumplir con su cometido derevisar eficazmente las prácticas policiales, se debe revisar el mandato de las mismas.

    Las agencias de revisión no deben limitarse a tratar las denuncias individuales que reciben, sino que debentener la capacidad y los recursos necesarios para realizar investigaciones por iniciativa propia.

    Las agencias de revisión están en una situación privilegiada para observar los tipos de denuncias de abuso ylas carencias de los departamentos de policía que supervisan. Por este motivo, deben ofrecer recomendacionessobre la política interna a los departamentos de policía en cuestión.

    Se debe notificar automáticamente a las agencias de revisión ciudadana de la presentación de demandas civilespor presunto abuso policial, y se debe enviar información al demandante en relación con su derecho a presentaruna denuncia ante la agencia de revisión.

    Los departamentos de policía deben eliminar el secreto que rodea el proceso de las denuncias de abuso que nosea directa o estrictamente necesario para ofrecer las garantías del debido proceso a los agentes de policíapresuntamente abusivos. La policía debe rendir cuentas ante el público y debe demostrar que sus prácticas ypolíticas son adecuadas y se ajustan a las normas de derechos humanos. Los departamentos de policía queafirman que se hacen cargo adecuadamente de los agentes sospechosos de cometer violaciones de los derechoshumanos deben demostrárselo al público, por medio de informes públicos periódicos o de la mejora de larespuesta a las solicitudes de información. Los departamentos de policía deben presentar un informe,respetando la intimidad de los agentes, en el que se describan al menos el número de agentes disciplinados,los delitos que se saldaron con sanciones y los tipos de sanciones, durante un periodo concreto. Dicho informedebe contar también con los nombres y número de identificación de los agentes inculpados o condenadosdurante el periodo que cubre el informe, y los cargos presentados contra ellos; esta información no se debeomitir nunca. Los fiscales de distrito y federales deben suministrar información al departamento de policía enrelación con la situación de las diligencias penales contra agentes de los cuerpos de policía en cuestión.

    Los fiscales locales deben mantener una lista, que debe estar a disposición del público cuando lo solicite, delos agentes encargados de hacer cumplir la ley que hayan sido detenidos, inculpados o condenados. La granmayoría de los fiscales de distrito o de condado entrevistados por Human Rights Watch dijeron no mantenerdicha lista. Sin ese tipo de seguimiento, los fiscales federales no pueden saber si los fiscales locales estántratando de manera adecuada los casos de brutalidad policial delicados y si deben iniciar investigacionesfederales. Además, el público no dispone de información fundamental sobre las características del cuerpo depolicía que ha jurado protegerle y servirle.

    Se deben mantener cifras sistemáticas y a nivel nacional sobre el número y la naturaleza de las demandasciviles por abuso policial y el coste de las indemnizaciones en cada jurisdicción. Para empezar, los gobiernosmunicipales deben publicar informes sobre las demandas civiles, en los que se describan las acusaciones, lascantidades pagadas por acuerdo entre las partes o después del juicio, y cómo trató el departamento de policíaal agente denunciado en cada una de las demandas que se saldaron con indemnizaciones considerables, ya fueracon recapacitación, orientación psicopedagógica o sanciones disciplinarias.

human rights watch | brutalidad policial en estados unidos (33) REGRESAR AL PRINCIPIO

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Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 02/22/2023

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